Economía del Conocimiento

Una ley esperada y con margen para mejoras

Por Lorena Sánchez

Qué es la Economía del Conocimiento

Qué dice la Ley

Por qué la Ley era indispensable

Los reclamos que quedan pendientes

Propuestas para la reglamentación

Quiénes exportan y cuánto

Qué es la Economía del Conocimiento

La Economía del Conocimiento (EdC) se centra en los sectores productivos que trabajan con uso intensivo de tecnología y requieren talento altamente calificado para llevar a cabo sus actividades, con alto potencial exportador, considerados dinamizadores de la economía. Utilizan el conocimiento como elemento fundamental para generar valor y riqueza, por medio de su transformación en información y generando bienes y/o servicios. Incluye los sectores del software, el audiovisual y el marketing, entre muchísimos otros, que llegan hasta la nanotecnología y la industria aeroespacial.

La Ley N.º 27506 “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento” fue creada en mayo de 2019, tomando como base la Ley de Promoción del Software (LPS), cuya prórroga vencía en diciembre de 2019, ampliándola y sumando el resto de los sectores. Su objetivo es promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos, apoyadas en los avances de la ciencia y de las tecnologías. En 2020, el Senado introdujo modificaciones en el proyecto original, que regresó a la Cámara de Diputados, donde obtuvo su sanción definitiva en octubre bajo el N.º 27570. La nueva norma regirá hasta 2030; con esta se espera multiplicar el empleo y las exportaciones, y desarrollar polos federales de EdC.

Las cámaras, las empresas y los consultores entrevistados, que coinciden en la necesidad de la ley frente al vacío normativo y celebran sus incentivos, pero critican algunas modificaciones, aguardan su reglamentación, anhelando que se consideren las diversas propuestas enviadas a la Subsecretaría de Economía del Conocimiento que la lleva adelante, para simplificar el acceso hacia algunos incentivos, definir determinados conceptos y pautas de control o compensar mermas.

Qué dice la Ley

El Secretario de Política Tributaria nacional, Roberto Arias, afirmó que las reformas introducidas en el texto se direccionaron a “construir un nuevo sistema tributario más progresivo, simple y que promueva la generación de empleo de calidad, el desarrollo tecnológico y las exportaciones de alto valor agregado para fortalecer las oportunidades para los emprendedores, apoyar el desarrollo exportador de las pequeñas empresas de servicios relacionados con el conocimiento y aportar a la equidad territorial y de género”. Para ello diferenciaron algunos beneficios de acuerdo al tamaño de las empresas y sumaron incentivos especiales, supeditando la permanencia de las beneficiarias al control del cumplimiento de sus obligaciones mediante auditorías anuales.

Entre los beneficios, pueden destacarse los siguientes:

• La norma reduce hasta 60% en la tasa del Impuesto a las Ganancias para las micro- y pequeñas empresas, 40% para las medianas y 20% para las grandes.
• Descuenta 70% en las contribuciones patronales para cancelar impuestos nacionales y otro 10% si se emplean profesionales con posgrados en ciertas materias, mujeres, travestis, transexuales y transgénero; personas con discapacidad; residentes de zonas desfavorables y/o provincias de menor desarrollo y ex beneficiarias de planes sociales, mediante bonos de crédito fiscal (BCF).
• Contempla exenciones de retenciones y percepción de IVA sobre las exportaciones y la deducción del Impuesto a las Ganancias de impuestos similares pagados por los ingresos generados por ventas al exterior.

Entre los requisitos para aplicar figuran los siguientes:

• Que las actividades promovidas sean las generadoras del 70% de la facturación.
• Cumplir dos de otros tres: inversión en mejoras de calidad de sus productos y servicios; capacitación del personal o tareas de investigación y desarrollo y realización de exportaciones mínimas del 4% de la facturación anual para las micro, 10% para pymes y 13% para grandes empresas.
• Las microempresas menores de tres años solo deberán acreditar que desarrollan en el país y por cuenta propia, como actividad principal, una de las actividades promovidas. Las reformas también modificaron el alcance de la estabilidad fiscal, que antes conservaba los valores de todos los impuestos nacionales al monto del momento de recibir la promoción y ahora los mantiene solo para los beneficios otorgados. Al bono fiscal se le otorgó validez de un año. Y se agregó un tope para la cantidad de empleados favorecidos.

Por qué la Ley era indispensable

- Desde la industria audiovisual, Eduardo Bagnato, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) coincide en la diferencia positiva de contar con una normativa legal. “En síntesis, la Ley está bien. El mero hecho de ser reconocidos formalmente y poder entrar en la rueda de ser una industria incluyéndonos en los regímenes de promoción para nuestro sector es un montón de pasos adelante. Era increíble que estuviera tan postergada; pero, seguramente, hubo mucha culpa del ámbito audiovisual. No es solo un tema de los Gobiernos, sino que también nos pongamos de acuerdo”.

- La Cámara Argentina de Productores Pymes Audiovisuales (CAPPA) es la más entusiasta en su bienvenida a la norma. Gerardo Brandy, miembro de la Comisión Fiscalizadora, expresa: “Consideramos fundamental su promulgación, teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de nuestro sector. La industria audiovisual es una de las más golpeadas porque agrupa diferentes áreas, desde guionistas, productores, utileros y maquillaje, hasta hotelería y gastronomía. Estamos muy esperanzados en que nos ayude a mejorar y a volver a poner la industria audiovisual en el primer lugar que siempre tuvo en nuestro país”.

- Patricia Martin se desempeñó como Gerente General de la Asociación Argentina de Publicidad (AAP), hasta que esta se integró a una nueva entidad, Agencias Argentinas, de la que ahora forma parte. Consultada por Anuario Carta, reflexionó desde su rol que “la Ley establece beneficios para las empresas que exportan, y las agencias de publicidad hoy quedaron fuera de todos los regímenes de promoción y en desventaja tributaria y fiscal frente a otros sectores e industrias. Cualquier beneficio de esta naturaleza permitiría, tanto a las agencias exportadoras pymes como a las multinacionales, aliviar su carga tributaria y fiscal, incentivar el empleo de más profesionales y mejorar su competitividad a nivel mundial”.

- Para el sector de la publicidad, el contador y consultor Matías Tejero, CEO de Moore Tejero, agrega que “los beneficios de la Ley son buenos para quienes pueden calificar, especialmente la conversión de un porcentaje de cargas sociales en crédito fiscal y la reducción del impuesto a las ganancias”.

- Sergio Candelo, Presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina (CESSI), rescata que “tener una versión de la ley es mejor que no tener ninguna legislación sobre el tema. Es necesario que la Ley de EdC sea el comienzo de un nuevo marco regulatorio que impulse diversas políticas públicas para el desarrollo de la innovación local”.

- Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argentina del Conocimiento (Argencon) —marca paraguas con la que se agruparon 40 prestadoras de servicios, exportadoras líderes en sus rubros verticales—, señala que “la Ley provee un marco jurídico que saca a las industrias del conocimiento del limbo normativo en el que estaban, alivia a las empresas que operan en el mercado local y facilita que empresas con prácticas parciales en actividades de conocimiento puedan presentar sus casos para ser incorporadas al régimen”.

- Javier Minsky, CEO de Virtualmind, es uno de los más optimistas: “Esta Ley permitirá la incorporación de pequeñas y medianas empresas que habían quedado relegadas en la última normativa. El régimen de promoción de la EdC es un impulso para cientos de empresas que apostaban a afianzar su crecimiento en el país a partir de un marco normativo estable y con beneficios concretos. Es una herramienta indispensable que permitirá generar más puestos de trabajo y más cantidad de divisas en exportación”.

- Ariel Crespo, Business Development Manager de Novaworks, acuerda: “Creo que lo más favorable es que van a incentivar a emprendedores a desarrollarse en el rubro con un potencial muy grande a futuro. Esto va a fomentar nuevos talentos y va a ampliar la oferta laboral”.

- Alberto Farietta, CFO MediaMonks BA, destaca que “esta nueva ley les da la oportunidad a más rubros que antes no se habían contemplado. Lo mejor son los beneficios impositivos, la reducción de costos laborales y los incentivos fiscales, ya que con estos se logra más competitividad a nivel local/global, aumentando las oportunidades de empleo y la exportación de los servicios. Las empresas van a mejorar sus procesos internos, trayendo algunas otras ventajas competitivas. Además, para las que no cuentan con una certificación de ISO 9001, es marcar una diferenciación y aventajar en la competencia, demostrando que su gestión se rige por los estándares de calidad”.

Mariano De Rose, VP Executive Finance Director de R/GA LATAM, también menciona que, en su sector, Argentina siempre demostró tener potencial y dice que “las oportunidades que brinda la Ley son grandes en términos tanto de creación de nuevas fuentes de empleo como de riqueza. De la mano de políticas públicas adecuadas, esto puede generar grandes beneficios a nuestro país”.

Cristian Guimpel, CEO & Founder de YouKnow Digital | Interactive Agency, expresa: “En nuestro mercado, es fundamental promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones. Estuvimos siempre del lado de la inclusión y nos agrada mucho que la Ley apoye el empleo favoreciendo a gente que se ve discriminada por aspectos que nada tienen que ver con su desempeño: es buenísimo darles una oportunidad a los jóvenes profesionales y también aprender de quienes han desarrollado experiencia. En nada influyen capacidades o discapacidades, géneros, elecciones de cualquier tipo; incluso a veces eso es lo mejor que tienen algunas empresas: la multiculturalidad”.

Santiago Puiggari, CEO & Partner de Together w/, apunta: “La estrategia, la creación de conceptos y contenido y, por sobre todas las cosas, la producción digital argentina son todas muy valoradas en el exterior. El talento argentino es muy reconocido internacionalmente. La oportunidad para la industria es poder crecer en exportación de servicios creativos publicitarios y de marketing digital principalmente para los Estados Unidos, como lo han hecho dentro de la industria del conocimiento empresas argentinas de desarrollo de software. Argentina presenta un alto nivel de competitividad no solo por las oportunidades que presenta la fluctuación del tipo de cambio, sino por la calidad del talento en sí, la disponibilidad, la banda horaria similar y la familiaridad con los mercados internacionales”.

Los reclamos que quedan pendientes

Los reclamos son varios. Argencon lleva la delantera en la defensa de las grandes exportadoras. “La reforma es débil en la capacidad competitiva del país en el mercado global porque recorta beneficios para las exportadoras, que tienen hasta un tercio menos que las empresas que operan en el mercado local. Se quitó la compensación que se otorgaba a los exportadores que sufren la retención del witholding tax por carecer Argentina de tratados de doble tributación con muchos países, y se redujo la percepción del bono fiscal sobre las cargas patronales (que es intransferible y por 24 meses). Para muchas exportadoras, este beneficio se hace abstracto, ya que no tienen posiciones fiscales donde aplicar la totalidad del crédito. Es probable que empresas con gran capacidad de generación de empleo y de divisas no vean atractiva la relación entre los beneficios que ofrece la Ley y el grado de discrecionalidad establecido”, advierte Galeazzi. Y extiende a las demás: “Los legisladores repitieron insistentemente el propósito de beneficiar más a las empresas pequeñas que a las grandes. Pero en el mundo no distinguen si la oferta exportadora argentina viene de una empresa grande o pequeña; compran si la calidad y el precio son buenos, y esta ley afecta la capacidad exportadora de todas las empresas. Hay una seria amenaza. Argentina está perdiendo relevancia en el comercio internacional porque, a nivel global, la EdC se expande al 6%, 7% anual y nuestro país no está creciendo”.

Por su parte, desde la industria publicitaria, Martin comenta que, si bien “el sector posee una alta capacidad de respuesta a la demanda global y está en condiciones óptimas de satisfacerla, normativas locales como las retenciones a las exportaciones de servicios y la obligación de liquidar en pesos son obstáculos importantes para la competitividad de las agencias a nivel internacional. Además, en esta Ley, Publicidad no figura como tal: solamente está alcanzada dentro de la exportación de Servicios Profesionales, que exige exportar el 70%, lo que hace inviable calificar. La Ley establece que las exportadoras deben ser pymes, y los requisitos para calificar como tales pueden dejar afuera en muchos casos a las agencias multinacionales”.

Tejero desarrolla el condicionante de la facturación. “Lo más excluyente para las agencias es que a los Servicios de Publicidad (creación y realización de campañas publicitarias, creación de contenido, comunicación institucional, estrategia, diseño gráfico/web, difusión publicitaria) y Diseño (diseño de experiencia del usuario, producto, interfaz de usuario, web, gráfico, editorial e interactivo) se les exige que exporten más del 70% de su facturación. Pero son muy pocas las empresas que alcanzan la ratio. Las exportaciones en servicios publicitarios no llegan a ser el 10% del volumen total de ingresos de las agencias en conjunto y las empresas a que les convendría calificar no llegan a representar más de 5% del mercado. Las otras deberían escindir la empresa en dos agencias: una que trabaje para el mercado local y otra que concentre las exportaciones. Esto les duplicaría muchos otros costos de operación, y la ecuación dejaría de ser muy rentable si no tuvieran un volumen significativo que redujera la relación costo/beneficio”.

Los publicitarios no son los únicos que deben cumplir las mismas ratios de exportación; también se les exige a los servicios jurídicos, de contabilidad general, de RRPP, de traducción e interpretación, consultoría de gerencia, gestión de recursos humanos, arquitectónicos e ingeniería. En la opinión de Tejero, “la limitación de estas actividades se debe a una clara cuestión recaudatoria, pero hay una falta de entendimiento de cómo funciona la industria publicitaria, cuáles son los servicios que prestan las agencias, su función en la cadena de valor, el valor económico que generan en su contribución al PBI, su reconocimiento internacional y potencial capacidad exportadora. Si se las ayudara a potenciar sus capacidades naturales con un marco normativo más pragmático, el sector exportaría mínimamente el triple de los montos actuales”, se lamenta el consultor.  

Respecto de otros sectores, Tejero observa que, al software y a las tecnológicas, “les es mucho más sencillo encuadrar ya que deben cumplir con dos de tres requisitos: certificar una norma de calidad; invertir en Capacitación (1% para microempresas, 2% para pequeñas y medianas y 5% para grandes, respecto de su nómina total); o en Investigación y Desarrollo (que incluya novedad, originalidad y/o creatividad): 1% para microempresas, 2% para pymes y 3% para grandes; exportar bienes y/o servicios de las actividades promovidas (4% microempresas, 10% pymes y 13% grandes). Y Producción y Postproducción Audiovisual, incluidos los de formato digital, tienen que alcanzar ratios del 4% a 13% según el tamaño de empresa”, detalla el consultor.

Sin embargo, esta ventaja no conforma a CAPIT, que se pronuncia contra varios cambios de la nueva ley. “El proyecto que salió en 2019 les daba la puerta de entrada a muchas productoras. La Ley iba a entrar en vigencia el 1 de enero y nos avisaron que querían mejorar condiciones para pymes y micropymes del interior y, en paralelo, limitar beneficios para las empresas grandes. Con la modificación, si bien se mantienen los beneficios y espíritu de la ley actual, es en esencia parecido a la anterior. El problema más grande es que se acota la base de acceso, dificultando llegar a algunos beneficios y burocratizando otras cosas. Creo que, a la mayoría de las productoras grandes, no les va a convenir porque, si para obtener la reducción, se le incrementa el costo de certificar y adecuar la estructura sin neutralizarlo pueden decir: ‘no lo hago’. Es una cuestión de margen; pueden considerar despreciable un beneficio que los compromete, y elegir no asumirlo para optimizar por otro lado. Pero, hasta que no esté reglamentada, no sabremos cuántas podrán calificar y cuántas desearán hacerlo”, conjetura Bagnato. Sobre las razones de la modificación, comenta: “Me parece que se limitó, por factores presupuestarios y conceptuales, a quién se quiere dar el beneficio y a quién no. Mucho está sujeto a cuán accesible será la reglamentación para tener mayor o menor alcance. También es cierto que el cambio afecta por igual a todas las industrias que se metieron en una misma ley, y el organismo de aplicación debe hacer una reglamentación chorizo o acotar a lo principal, y se pierden algunos vericuetos de cada industria”.

Por las empresas, Farietta de MediaMonks también piensa que la alta inversión que requiere el cumplimiento de algunos requisitos para acceder a la Ley en el contexto actual puede complicar la operatoria de costos, pero estima que “con el tiempo, las empresas lo recuperan con los créditos y beneficios obtenidos”. Y recomienda el “seguimiento anual para mantener vigente la certificación ISO 9001 y la ley en general en sí ya que, si se detecta algún incumplimiento del régimen, aplicarán sanciones que se agregan por la ley de procedimiento fiscal. No es complejo, pero cualquier empresa que decida unirse a este régimen debe tener en cuenta que no se incorpora como una única vez, sino como un proceso de mejora y seguimiento definitivo”. 

De Rose, de R/GA, recalca que será importante que se garantice “cierta previsibilidad institucional, al igual que estabilidad fiscal a largo plazo y acotar el marco de discrecionalidad que pueda llegar a esgrimir la autoridad de aplicación de turno”. En tanto que Crespo de Novaworks señala como negativo “las restricciones a la compra-venta de divisas extranjeras y la forma en la que se deben liquidar las exportaciones, punto muy importante porque dejamos de ser competitivos contra el mercado asiático”.

Para Cristian Guimpel, “hay mucha demanda de personal especializado en digital, tanto de empresas multinacionales como del exterior. Habría que invertir en formación con alguna cláusula que permita luego exportar talentos, garantizando que lo invertido en capacitación se recupere. Y, así, nos convertiríamos en proveedores para el mundo de un ítem muy demandado. Nuestros profesionales son muy buenos y pueden estar a la altura de los países más profesionalizados. La demanda a nivel mundial es muy alta, incluso en la pandemia. Invertir en capacitación podría ser nuestra mejor opción para ser los proveedores de profesionales digitales”.

Propuestas para la reglamentación

(Al cierre de esta edición el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Economía del Conocimiento. Para conocer los principales puntos del Decreto 1034/2020 ver el siguiente link: http://bit.ly/3nIuiHl )

Con la idea de especificar aspectos del control y la aplicación de la ley o para insistir en la incorporación de sus reclamos, la mayoría de las cámaras envió propuestas a la Subsecretaría de EdC, esperando influir en la redacción de la reglamentación.

Las sugerencias de Capit son las siguientes: "La nómina de empleados a considerar para la estabilidad de la planta debería aplicarse exclusivamente a la base de planta permanente. El bono fiscal debe prever un mecanismo para evitar el efecto de la inflación sobre su beneficio entre el momento en que se deben pagar impuestos y el que se puede usar. Inversión de I+D: que los importes invertidos para libretos, demos, participación en ferias internacionales de renombre, puedan computarse en este rubro, cumpliendo determinadas condiciones. Certificación de calidad: se debería certificar solo el proceso de producción y mediante algún estándar documentado (como los requisitos que pedía el INCAA para sus concursos) de un instituto tipo INTI para quedar en un ámbito técnico menos político. Certificados de Libre Deuda: debería tener un tratamiento express y estar a cargo de algún organismo oficial como AFIP, ENACOM o la Autoridad de Aplicación de la ley para que se objetivice y se simplifique, eliminando la participación de sindicatos o sociedades gestoras de derechos. Beneficios fiscales: que quede claro que acceder a este régimen no implicará desistir de beneficios que ya tienen los productores y que puedan resultar superiores a los que ahora ofrece la ley”. Esto enumera Bagnato.

La ampliación del financiamiento de I+D, la certificación de calidad y la celeridad de la libredeuda también preocupa a Cappa, cuyo mayor trabajo durante el proyecto fue que se identifiquen y se diferencien las particularidades de las empresas pymes. “Nuestra capacidad exportadora está a la vista y demostrada pero, a la hora de competir con jugadores más grandes para lograr abastecer a plataformas de streaming, la competencia es muy desigual, especialmente por la capacidad de financiamiento. Las ideas y desarrollo de las empresas chicas están siendo absorbidas por una más grande que se queda con el crédito y el negocio, aprovechando su posición dominante y capacidad de financiación”, denuncia Brandy.

En el caso de la Asociación de Marketing Directo e Interactivo (AMDIA), enviaron propuestas para 13 capítulos de la Ley, que comparte Juan Pablo Tricarico, vocero y miembro de la Comisión de Relaciones Institucionales. Piden agilizar los certificados de libre deuda; limitar las deudas fiscales y previsionales a las nacionales; constatar el porcentaje de facturación mediante auditoría de contadores independientes; medir las actividades intensivas y la inversión en capacitación; adecuar los requisitos al tamaño de las empresas; considerar las asociaciones empresarias dentro del sistema educativo; aclarar los conceptos de inversión, novedad, originalidad y creatividad; contemplar el ecosistema del marketing directo e interactivo para la definición de distintos ítems; medir la inversión considerando la facturación; formas de establecer los incrementos de las metas de los requisitos, el bono y el cupo fiscal; incluir estudiantes o egresados en el incentivo adicional; otorgar certificados de no retención; computar a cuenta el saldo a favor; incluir situaciones atenuantes del incumplimiento y que los bonos fiscales sin utilizar se consideren beneficios percibidos.

En cuanto a la CESSI, son tres los ítems de mayor interés. “Primero: el pleno derecho por disminución del personal promovido, que implica que no se puede subsanar el incumplimiento y podría impedir que las empresas se vuelvan a inscribir cuando lo superen ya que el beneficio pierde vigencia por no cumplir con el requisito. Recomendamos que la reglamentación tenga en cuenta las dificultades que representa, principalmente en aquellas reducciones de nómina donde la empresa no tiene posibilidades de incidir, como renuncias, jubilaciones, acuerdos de partes y casos extremos como fallecimientos. Segundo: la forma de liquidar el impuesto a las ganancias para las empresas comprendidas dentro de la LPS, respecto del ejercicio 2019; como la mayoría de los ejercicios fiscales ya cerraron, sería bueno mantenerlo, considerando que la nueva Ley propone una escala variable según el tamaño de la empresa. Tercero: como las empresas están sujetas a retención de IVA y el bono fiscal se utiliza para pagar el impuesto, será muy importante trabajar tanto con el órgano de aplicación como con AFIP para lograr que el beneficio sea aplicable y se pueda percibir”, capitula Candelo (CESSI).

Por su parte, Martin sintetiza que “para que las agencias puedan beneficiarse con la Ley, es fundamental modificar la norma e incluir los ítems Servicios de Publicidad, Creación y Realización de Campañas Publicitarias y Diseño”. Y comenta que aparte están trabajando fuertemente en el tema exportación “no solo para publicidad, sino para el complejo audiovisual en su conjunto, frente a varios organismos nacionales como Cancillería, en el marco del Consejo Público Privado para la Promoción de las Exportaciones creado este año con el objetivo de fomentar el crecimiento del sector exportador nacional, e iniciativas puntuales con la Agencia Argentina de Inversiones o con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Es que, si bien es fundamental para las Cámaras que la ley de EdC contemple los reclamos de cada sector, varios admiten que podrán trabajar a nivel industria para futuras normas ad hoc que puedan salir complementando la actual como ley troncal.

Quiénes exportan y cuánto

En la discusión que más se hace oír sobre los cambios en la distribución de los beneficios, hay que considerar que exportar desde Argentina no tiene las mismas ventajas y complicaciones para los distintos tipos de empresas, ya sea por tamaño, nacionalidad del capital social, actuación local o global, pertenencia (o no) a redes internacionales.

“Claramente existen diferencias estratégicas entre las empresas que exportan el 100% con facturación desde Argentina en relación con las que posiblemente tengan filiales en el exterior. Y, en la medida en que existan brechas cambiarias tan marcadas, esta dinámica podría ganar terreno frente a las primeras”, enfatiza Candelo (CESSI).

“Las empresas locales salen a ganarse un lugar en el mercado internacional sobre la base de inversión y riesgos propios (dándose a conocer con un proceso que lleva mucho tiempo), participación en sucesivos mercados, presentación de variedad de ideas, proyectos y presupuestos competitivos, y hay muchos casos exitosos. Las filiales de redes internacionales cuentan, desde el día uno, con un nombre y reconocimiento que hacen que sean tenidas en cuenta muchas veces sin un gran track record en el mercado al que se presentan. Además, tienen un catálogo de formatos ya probados en sus países de origen, varias veces determinante para cerrar negocios y generar nuevos proyectos”, diferencia Brandy.

“El modelo que está funcionando hoy es el de centro de producción de servicios, creativos pero principalmente digitales, tercerizando producción dentro de redes multinacionales o para agencias o redes independientes que encuentran una ecuación favorable por el buen talento disponible a un costo mucho más bajo en dólares que el que tendrían en sus propios mercados. El modelo de exportación directa de servicios a clientes está más limitado, y es difícil de escalar por otras complicaciones: constituir una sociedad en el exterior normada por la ley de ese país; sufrir retenciones de ganancias que acá no pueden computar; incremento de costos para viajes comerciales, conseguir clientes o contratar trabajos de campo complementarios; derecho de exportación y menor cantidad de convenios tributarios internacionales”, describe Tejero.

Yendo a cada sector, una encuesta reciente de CESSI arrojó que 58% de las 300 empresas grandes y chicas de la cámara declaró exportar productos y servicios que representarían el 40% de su facturación. El Top Five de la demanda internacional en el sector sigue relacionado con el mundo staff augmentation, cloud services, desarrollo de software, arquitectura + metodología agile y UX-UI.

De Capit, el 80% de sus 30 productoras asociadas producen o produjeron contenidos y/o servicios destinados a la exportación. Y, de Cappa, el 30% de sus socias exporta servicios que en algunos casos llegan a representar 90% de su facturación. Entre las 25 pymes que la integran, hay empresas que tienen 80 empleados y otras que pueden llegar a tener solo 3, dependiendo del momento que atraviese el sector y los proyectos que desarrollen.

De las agencias de publicidad, el 54% de las agencias son exportadoras, y sus ventas representan, para el 25% de ellas, más del 30% de su facturación y, para cerca del 50%, menos del 10%. Del total facturado destinan 11,8% de los servicios de publicidad al exterior y 88,2% al mercado local, según informa Martin sobre datos de 2018. Indica también que el acceso a los mercados de exportación emerge más como un impulso individual que colectivo. Agrega que un 73% de las asociadas cuentan con certificación Pyme, de las cuales el 17% son micropymes; 50%, pequeñas; 29%, medianas I; y 4%, medianas II.

Desde AMDIA comentan que las empresas que nuclean y exportan sus portfolios lo hacen hacia Uruguay, Perú, Paraguay, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Centroamérica, México, Estados Unidos, España y Gran Bretaña.

R/GA genera exportaciones que superan el 80% de su facturación, destinadas a oficinas de su network global y a clientes propios radicados en otros países. Son servicios de branding, desarrollo de productos, consultoría de negocios, desarrollos web, aplicaciones móviles, visual design, digital advertising, marketing sciences, content studio y media.

Nippur Media, de Gerardo Brandy, produce más de 100 horas anuales de documentales, docurealities, docudramas, entretenimiento y ficción que superan el 90% de su facturación. El 60% son proyectos audiovisuales integrales para cadenas internaciones y plataformas de streaming de EEUU, México, Brasil y el Reino Unido y el 40% son servicios de postproducción para contenidos de filiales propias de México y EEUU para las mismas ventanas.

MediaMonks BA también exporta más del 90% de su producción, representando el mismo porcentaje de su facturación, principalmente en servicios de creatividad, estrategia, animación, diseño de interfaces, UX y desarrollo digital en todas sus variantes, entre otras soluciones digitales.

Novaworks dedica un equipo especial a desarrollos de exportación productos y servicios, la mayoría de programación, que representan el 25% de su facturación. Trabaja con clientes directos, a quienes les brindan productos iniciales y paquetes mensuales de horas de desarrollo. La mayor demanda es de experiencias de Realidad Aumentada y de Realidad Virtual.

Virtualmind exporta casi la totalidad de sus servicios y background hacia su filial de Estados Unidos, y su facturación representa los proyectos que tienen en el mercado internacional.

Según las cifras del informe Argenconomics del primer semestre de 2020, la totalidad de exportaciones argentinas de servicios basados en conocimiento fueron de 5821 millones de dólares, de los cuales entre 2500 y 3000 millones se concentraron en de 20 a 25 empresas. Del total, 3473 millones fueron generados por servicios empresariales, profesionales y técnicos, dentro de los cuales 280 millones les corresponden a Publicidad, Investigación de mercado y Encuestas y 352 millones a Investigación y Desarrollo. Producción Audiovisual fue la actividad principal dentro del rubro Servicios Personales, culturales y recreativos, que en total generó 414 millones. Galeazzi señala que el registro general es de caída consecutiva desde inicios de 2018 y alcanza de manera distinta a los diferentes rubros; los cargos por uso de propiedad intelectual (-19,8%) y los servicios profesionales (-13,9%) son los más afectados. Las exportaciones de servicios informáticos (-9,2%) registraron el nivel más bajo desde 2017, impactado por la ausencia de su régimen de promoción. El sector que tuvo mejor performance fue el de servicios profesionales, cuya caída fue de 2,7%; se destacan las exportaciones de I+D, que crecieron un 13,8%. <

A la hora de proyectar los efectos de la nueva Ley sobre las exportaciones de la industria, la CESSI calcula que “se acercarían a la exportación de 10.000 millones de dólares para 2030, basadas en la existencia de políticas tributarias similares a las de la LPS y la Ley 27506, si bien no se puede determinar el número en el corto plazo”.